Cargando...Esta mañana se ha presentado en la Diputación de Ciudad Real un proyecto pionero que ha permitido que la provincia cuente, desde el pasado mes de febrero, con la figura del facilitador judicial, una figura que acompaña a personas con discapacidad en los procedimientos que se dirimen en la Administración de Justicia. Esta iniciativa, desarrollada en coordinación y a instancias de la Audiencia Provincial y con la colaboración de la asociación Laborvalía, cuenta con una financiación de 30.000 euros por parte de la institución provincial, y ha permitido intervenir ya en trece procedimientos judiciales desde su puesta en marcha. Se trata de un proyecto innovador que es inédito en las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en esta materia. La provincia de Ciudad Real es la primera provincia de España que presta este servicio sufragado por una diputación.
Este servicio se inspira en los principios recogidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas, que en su artículo 13 obliga a los Estados a garantizar el acceso igualitario a la justicia, incluyendo ajustes de procedimiento adecuados a la edad y a la situación de las personas con discapacidad. También se sustenta en el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que reconoce la necesidad de realizar las adaptaciones necesarias para asegurar la plena participación de estas personas en los procesos judiciales. Así lo ha explicado la vicepresidenta de Atención a las Personas, Encarnación Medina, quien ha presentado el acto.
Aunque la figura del facilitador aún no ha sido desarrollada formalmente por la Administración de Justicia, la Diputación de Ciudad Real, la Audiencia Provincial y Laborvalía han dado un paso decisivo al poner en marcha un proyecto que responde directamente a una demanda planteada al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, por la presidenta de la Audiencia Provincial, María Jesús Alarcón. El objetivo es garantizar que ninguna persona quede excluida de su derecho a la tutela judicial efectiva por razones de discapacidad.
La figura del facilitador está representada en este proyecto por una psicóloga especializada, que presta apoyo técnico y profesional a personas con discapacidad intelectual, del desarrollo, enfermedad mental o deterioro cognitivo. Tienen cabida, en definitiva, todas las personas que presentan cualquier tipo de discapacidad. Su labor se centra en adaptar los procedimientos a sus capacidades, facilitando la comprensión de lo que ocurre en cada fase del proceso, ajustando el lenguaje y los entornos, y promoviendo herramientas que permiten al usuario entender y ser entendido.
El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde Menchero, ha expresado su compromiso con esta iniciativa que refuerza la línea de trabajo de la Diputación en defensa de los derechos sociales y en favor de una justicia más humana, más comprensiva y plenamente accesible. Valverde ha subrayado que esta actuación construye igualdad desde la base y responde a una demanda real. Ha asegurado que va a suponer “un antes y un después en la construcción de una sociedad más inclusiva y más justa, de la que todos podamos sentirnos orgullosos”.
Ha agradecido expresamente la presencia del presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez-Bueno, subrayando que su participación ha revestido el acto de una proyección nacional que refuerza el alcance de esta iniciativa. Y ha recordado que ya visitó la provincia hace apenas dos meses en el marco de un congreso sobre discapacidad y salud mental, también respaldado por la institución provincial, lo que demuestra —ha dicho— el firme compromiso con esta causa compartido entre administraciones y entidades sociales.
Valverde ha reconocido públicamente el trabajo de Laborvalía, agradeciendo a su presidente, Raimundo Alcaide, y a su gerente, Alfonso Gutiérrez, la implicación, la experiencia y la capacidad organizativa que han hecho posible el desarrollo del programa. Del mismo modo, ha expresado su gratitud hacia la presidenta de la Audiencia Provincial, María Jesús Alarcón, a quien ha atribuido el mérito de haber identificado con claridad la necesidad y de haber persistido con determinación en la búsqueda de una solución, incluso “teniendo que mendigar apoyos”. Para Valverde, ese gesto no es sino una muestra de compromiso y responsabilidad institucional.
Ha señalado que el programa funciona con eficacia y resultados tangibles, gracias a la colaboración estrecha entre todas las partes implicadas. Y ha explicado que la financiación de este servicio asciende a 30.000 euros, dentro de un convenio más amplio con Laborvalía que suma un total de 80.000 euros en 2025, al incluir también la atención jurídica a personas con discapacidad, un programa consolidado que venía desarrollándose con una dotación de 50.000 euros y que ahora se refuerza con esta nueva figura profesional.
En relación con los resultados, ha informado de que se han atendido 13 casos de facilitación procesal desde su implantación, además de haberse desarrollado 6 acciones de divulgación, 22 sesiones formativas, con impacto directo en 690 personas con discapacidad intelectual, 86 profesionales de atención directa y 18 centros o servicios de la provincia. Ha destacado también 5 colaboraciones en el ámbito de la investigación, dentro de una unidad que, según ha dicho, apoya en cuatro pilares: intervención, formación, sensibilización e investigación.
Valverde ha afirmado que, aunque el presupuesto del programa no es muy elevado, sus efectos en la mejora del acceso a la justicia y en la transformación social son profundos. “Con un gesto presupuestario relativamente pequeño, como este, se puede conseguir un cambio real hacia una sociedad más inclusiva”, ha asegurado.
Ha reconocido el presidente de la Diputación que este tipo de actuaciones no solo deben enorgullecer a quienes ocupan cargos de responsabilidad, sino también al conjunto de representantes públicos. En ese sentido, ha señalado que este es uno de esos días en los que merece la pena estar al frente de una institución pública, por contribuir directamente a mejoras importantes.
Ha defendido, además, que la Diputación debe ser una administración capaz de adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas demandas sociales. “La Diputación de hoy no puede ser la misma que la de hace 25 años, porque la sociedad tampoco lo es. Este programa es un ejemplo claro de transformación institucional al servicio de los más vulnerables”, ha manifestado.
Valverde ha subrayado también el carácter pionero del proyecto, recordando que Ciudad Real se ha convertido en la primera provincia española que no tiene transferencias de la Administración de Justicia en prestar este servicio a través de una diputación, cuando en otros territorios que tienen las transferencias el servicio ya es ofrecido directamente por las comunidades autónomas.
Ha concluido Valverde expresando su deseo de que esta medida sirva como referencia para otras administraciones, no con la intención de ser admirada, sino para ser replicada. “Ojalá otras diputaciones puedan seguir este ejemplo hasta que, como corresponde, sea la propia Administración de Justicia la que garantice este derecho”, ha añadido antes de remarcar que “este programa pretende ser referencia para que sea adoptado por otros territorios de España”.
